Los ministros del máximo tribunal rechazaron el recurso de la defensa y dejaron firme la actualización de la cifra a $685.000 millones. Desde el entorno de la exmandataria denuncian una contradicción judicial y apuntan a una represalia por el intento de juicio político a la Corte.
La pulseada judicial en torno a la causa Vialidad sumó un capítulo definitorio. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron de manera directa un planteo de la defensa de Cristina Kirchner y dejaron en firme el millonario decomiso de bienes que pesa sobre la expresidenta, el empresario Lázaro Báez y otros condenados. La resolución generó una inmediata y fuerte reacción en las filas del kirchnerismo, donde tildaron la medida de “vergüenza”.
El fallo del máximo tribunal valida el cálculo técnico que elevó el monto de la ejecución a $685.000 millones. Si bien el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 había fijado inicialmente el perjuicio al Estado en unos $84.000 millones, los peritos judiciales aplicaron una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec entre fines de 2022 y mediados de 2025. Los abogados de la exvicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, intentaron impugnar sin éxito esta metodología de indexación.
El proceso de decomiso abarca más de un centenar de propiedades sujetas a embargo y posterior subasta pública. Aunque el listado definitivo de los bienes a rematar se mantiene bajo reserva, trascendió que alrededor de 20 de los inmuebles afectados pertenecen a las declaraciones de Máximo y Florencia Kirchner, lo que incluye complejos hoteleros emblemáticos de la familia como Los Sauces.
La contraofensiva kirchnerista: acusaciones de contradicción y revancha
La respuesta política desde el entorno de la exjefa de Estado no se hizo esperar. Dirigentes y legisladores cercanos a Cristina Kirchner denunciaron lo que consideran una flagrante contradicción por parte de los magistrados de Comodoro Py y la propia Corte.
“Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento en lo que respecta a sus declaraciones juradas y, por el otro, la misma Justicia avanza con el decomiso de sus bienes”, protestó una legisladora de su círculo íntimo. El argumento central de la defensa radica en que un decomiso exige probar de manera fehaciente que los bienes son producto directo del ilícito investigado, un vínculo que —según afirman— carece de sustento probatorio en el expediente. En los pasillos del Congreso, el bloque K vincula directamente la dureza del fallo a una “venganza” del tribunal supremo por el proceso de juicio político que el peronismo impulsó contra sus miembros durante el mandato anterior.
Para blindar legalmente el rechazo, los magistrados apelaron al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta técnica que les permite declarar “inadmisible” un recurso extraordinario sin necesidad de argumentar sobre el fondo del asunto. Es la misma vía formal que el tribunal ya había utilizado al dejar firme la condena de prisión.
En su voto particular, el juez Ricardo Lorenzetti citó jurisprudencia previa para aclarar que aplicar el artículo 280 “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”, sino dar por cerrada la vía de apelación extraordinaria.
A partir de esta firma, la causa ingresa formalmente en la etapa de “ejecución integral”. Según estimaron fuentes de los tribunales de alzada, el proceso de remate e incautación definitiva no tiene plazos fijos y podría dilatarse en el tiempo debido a la necesaria intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de desanudar los peritajes vinculados a las presuntas maniobras de lavado de dinero.